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PROBLEMÁTICA


La abrupta desaparición del seguro popular en 2019, que daba protección médica a 15 millones de mexicanos y brindaba más de 40 millones de consultas externas. y la fundación del instituto de salud para el bienestar (INSABI), generó una gran incertidumbre ante la falta de legislación secundaria para la adecuada implementación y transición, así como de mecanismos claros de financiamiento que garantizaran el acceso a los servicios de salud a la población más vulnerable del país, perteneciente a la clase baja que en 2018 era el 55.8% de la población.
Actualmente, con la inesperada desaparición del INSABI, es aun más importante destinar mayores recursos para poder atender a esta población vulnerable que ha incrementado hasta llegar al 62% en 2020. El IMSS-Bienestar, quien ahora será responsable de la atención médica de esta población, no está presente en todo el país, especialmente en zonas rurales, y reporta atención para tan sólo 12 millones de habitantes cuando el INSABI ya atendía entre 55 y 60 millones de habitantes.
Sumado a lo anterior, el consumo de sustancias con potencial adictivo es un problema cada vez más importante en México, durante los últimos años y en especial durante la pandemia,  el abuso de estas sustancias se ha extendido. Manteniéndose no sólo el ya grave problema con el alcoholismo sino añadiendo un incremento en el consumo de drogas sintéticas a nivel internacional y nacional. De acuerdo a datos del Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones, en 2022 el consumo de anfetaminas, metanfetaminas, éxtasis o estimulantes de uso médico creció 218%, siendo las sustancias de mayor demanda de tratamiento con 46.2% de los casos, seguidos del alcohol 24.6%, y marihuana o cannabis con13.3%.  En el caso de la dependencia al alcohol ésta es mayor en las comunidades rurales que en las zonas urbanas.
Todo esto lleva a plantear las adicciones no sólo como un asunto de seguridad  o familiar sino como un tema de salud pública. Lo que ha fomentado el cambio de perspectiva ante las personas con dicha problemática, buscando eliminar la discriminación y criminalización de las mismas en busca de estrategias para ofrecer tratamientos a los pacientes y sus familias. Lamentablemente, debido a la normalización del consumo de estas sustancias, especialmente el alcohol,  hay un retraso en la búsqueda de ayuda. Recurriendo a los servicios de atención cuando la adicción ha llegado a un punto que ha fracturado y dañado profundamente no sólo al individuo sino a su familia. Y cuando ya hay una búsqueda de atención, se enfrentan a la gran carencia de centros que ofrezcan un tratamiento a un costo accesible, que garantice poseer modelos profesionales y efectivos.

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Consultas por videollamada

Seguro de vida y gastos funerarios

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Actualmente, con la inesperada desaparición del INSABI, es aun más importante destinar mayores recursos para poder atender a esta población vulnerable que ha incrementado hasta llegar al 62% en 2020. El IMSS-Bienestar, quien ahora será responsable de la atención médica de esta población, no está presente en todo el país, especialmente en zonas rurales, y reporta atención para tan sólo 12 millones de habitantes cuando el INSABI ya atendía entre 55 y 60 millones de habitantes.
Sumado a lo anterior, el consumo de sustancias con potencial adictivo es un problema cada vez más importante en México, durante los últimos años y en especial durante la pandemia,  el abuso de estas sustancias se ha extendido. Manteniéndose no sólo el ya grave problema con el alcoholismo sino añadiendo un incremento en el consumo de drogas sintéticas a nivel internacional y nacional. De acuerdo a datos del Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones, en 2022 el consumo de anfetaminas, metanfetaminas, éxtasis o estimulantes de uso médico creció 218%, siendo las sustancias de mayor demanda de tratamiento con 46.2% de los casos, seguidos del alcohol 24.6%, y marihuana o cannabis con13.3%.  En el caso de la dependencia al alcohol ésta es mayor en las comunidades rurales que en las zonas urbanas.
Todo esto lleva a plantear las adicciones no sólo como un asunto de seguridad  o familiar sino como un tema de salud pública. Lo que ha fomentado el cambio de perspectiva ante las personas con dicha problemática, buscando eliminar la discriminación y criminalización de las mismas en busca de estrategias para ofrecer tratamientos a los pacientes y sus familias. Lamentablemente, debido a la normalización del consumo de estas sustancias, especialmente el alcohol,  hay un retraso en la búsqueda de ayuda. Recurriendo a los servicios de atención cuando la adicción ha llegado a un punto que ha fracturado y dañado profundamente no sólo al individuo sino a su familia. Y cuando ya hay una búsqueda de atención, se enfrentan a la gran carencia de centros que ofrezcan un tratamiento a un costo accesible, que garantice poseer modelos profesionales y efectivos.



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